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APRUEBAN MINUTA PARA COMBATIR LAS ESTRUCTURAS DEL CRIMEN ORGANIZADO Y EVITAR LA CORRUPCIÓN

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POR LETICIA JARAMILLO Noticias Como parte del C o n s t i t u y e n t e Permanente, la LIX Legislatura local aprobó la Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforman el Artículo 22 y la fracción 30 del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Extinción de Dominio, con el objeto de combatir las estructuras financieras de la delincuencia organizada y evitar la corrupción.

Es así que se contará con una herramienta útil para que el Estado debilite a las estructuras del crimen organizado, en la parte que más les afecta, que son los recursos económicos con los que cuenta y evitar que el patrimonio mal habido se ponga a favor de prestanombres individuales o corporativos a través de propiedades.

La extinción de dominio es una figura jurídica que busca atender y evitar los obstáculos procedimentales que se interponen en la lucha contra el crimen organizado y la corrupción.

Se busca disminuir los recursos con los que cuentan los delincuentes, desalentando su capacidad operativa y evitar la formalización de sus acervos ilícitos a favor de terceras personas.

E n sesión previa a la Sesión de Pleno donde se aprobó la Minuta, la Comisión de Puntos Constitucionales avaló la reforma.

El diputado Hugo Cabrera Ruiz expresó que es de gran importancia la aprobación de la extinción de dominio, aunque, externó preocupación ante la posibilidad de que “pudiera corromperse” o de que en aras del combate a la delincuencia organizada y a las estructuras financieras de la misma, se haga de esta figura un modelo de represión y de cacería de brujas para algunos, con el pretexto de que están involucrados en actividades ilícitas.

Por su parte, el diputado Antonio Zapata Guerrero, dijo que la extinción de dominio aplica sobre bienes de carácter patrimonial, cuya legítima procedencia no se acredite.

Además, señaló que se pretende ampliar el catálogo de delitos por los que se puede aplicar la extinción de dominio, considerando ahora casos corrupción, delitos cometidos por servidores públicos, robo de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos.

Asimismo, puntualizó que no se considerará confiscación la aplicación de bienes de una persona cuando sea decretada para el pago de multas o impuestos, ni cuando la determine la autoridad judicial para el pago de responsabilidad civil derivada de la comisión de un delito.

Y tampoco se considera la confiscación el decomiso que ordene la autoridad judicial de los bienes en caso de enriquecimiento ilícito y la aplicación a favor del Estado de bienes asegurados que causen abandono, o de bienes cuyo dominio se declare extinto en sentencia.

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